En 1980, el asesinato del arzobispo Oscar Romero marcó un nuevo nivel de incivilidad en la larga guerra civil de El Salvador. Ahora, en Guatemala, el brutal asesinato del obispo Juan Gerardi hace resonar campanas similares y crea serias dudas acerca de la durabilidad del nuevo proceso de paz de ese país. Mary Jo McConahay, editora de PNS para América Central, ha realizado reportajes desde Latinoamérica para National Catholic Reporter, Choices, Mother Jones y otras publicaciones por más de una década.

El asesinato del obispo Juan Gerardi en su residencia el domingo a la noche plantea un grave desafío al incipiente proceso de paz del país, y representa la mayor prueba a la que ha sido sometido el gobierno del presidente Alvaro Azu desde que subiera al poder dos años atrás.

Gerardi era un antiguo clérigo ampliamente respetado, y un crítico abierto de la violencia política que asolara al país durante 36 años. Fundó y presidió la Oficina de Derechos Humanos de la Arquidiócesis.

La naturaleza brutal del suceso (al menos una persona no identificada arrastró al obispo fuera de su coche al llegar a su casa y le pegó hasta que yaciera muerto) es contemplada como un severo mensaje para los trabajadores por los derechos humanos. El hecho ocurrió tan sólo dos días después de una solemne ceremonia en la que Gerardi y otros obispos presentaran un informe detallado de cuatro volúmenes sobre 442 masacres y otros hechos violentos.

El informe, que tardó tres años en completarse, menciona más de 55.000 personas muertas durante el conflicto civil que tuvo lugar entre 1978 y 1995. Declara asimismo que las fuerzas armadas fueron responsables del 79.9 por ciento de los asesinatos de civiles anónimos, las guerrillas de un 9 por ciento, y que el resto fue perpetrado por desconocidos. Miembros de los cuerpos diplomáticos y la ganadora del premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, asistieron a la misa de reconciliación en la que fuera revelado el informe, y escucharon a Gerardi hablar apasionadamente sobre la necesidad de aceptar la verdad en la senda hacia la reconciliación nacional.

"El asesinato de Gerardi socava la poca fe que existe en el proceso de paz, y levanta el peor de los miedos de que esté fracasando", expresó un observador por muchos años de los derechos humanos en la región, quien solicitó que su nombre no fuera utilizado. "Su significado depende de si el asesinato es investigado y llevado a juicio".

Monseñor Mario Orantes, pastor de la iglesia de San Sebastián donde residía Gerardi, dijo que encontró el cuerpo del obispo en el garaje alrededor de la medianoche, cuando fue a apagar una luz que Gerardi apagaba generalmente al regresar de sus acostumbradas visitas de domingo a su familia.

"Había un cadáver completamente ensangrentado, y dos enormes charcos de sangre.

"En un principio no lo reconocí porque habían destrozado su cara, pero pude reconocerlo a través de su anillo de obispo", dijo Orantes a Radio Sonora. Al amanecer, parientes en duelo, religiosas y clérigos estaban en el aparcamiento de la iglesia junto a miembros de la misión de Naciones Unidas para la verificación de derechos humanos, dijeron fuentes de la iglesia. No había indicios de robo.

El gobierno pareció no reaccionar rápidamente en público frente al ataque. Mientras que muchos guatemaltecos escucharon las primeras noticias a través de la radio extranjera y emisiones de televisión, la mayoría de las estaciones locales continuaron con sus noticias deportivas y otros programas durante las primeras horas de la mañana. Una de ellas ocupó el aire con un largo editorial atacando a Jennifer Harbury, la abogada estadounidense que atrajo atención pública sobre los abusos a los derechos humanos por parte del ejército.

Numerosos sacerdotes católicos y trabajadores laicos, así como cientos de catequistas, murieron durante la guerra civil, casi todos a manos del ejército. A comienzos de los años '80, Gerardi tomó la iniciativa -- algo extremadamente raro en la Iglesia Católica en el mundo entero -- de clausurar temporalmente su diócesis de Quiche, la más afectada por la violencia (263 masacres, de acuerdo al informe) y donde un gran número de personas fueran asesinadas.

En ese tiempo, el mismo Gerardi consiguió apenas escapar de su propio asesinato durante una visita pastoral, cuando un campesino que escuchó de antemano planes para una emboscada corriera a advertirlo. Algunos trabajadores de la iglesia expresaron sentimientos de culpa por haber abandonado estas comunidades, si bien otros dijeron que el cierre de la iglesia en Quiche era la única manera de salvar a los trabajadores que quedaban. A veces las misas se llevaban a cabo en secreto. En años recientes, incluso después de que lo peor de la guerra hubiera pasado, Gerardi fue infatigable en consignar el abuso de los derechos, hablando abiertamente de desapariciones forzadas y amenazas a líderes estudiantes y laborales, y a activistas por los derechos humanos.

El informe supervisado por Gerardi, llamado "Guatemala: Nunca Más", fue el trabajo del Proyecto por la Recuperación de la Memoria Histórica, con cuartel general en un laberinto de oficinas detrás de la catedral de la ciudad, de cientos de años. Los investigadores, guatemaltecos de buena educación -- algunos de los cuales habían regresado luego de años de exilio para trabajar en una atmósfera nueva y prometedora tras el fin de la guerra -- llevaron consigo grabadoras y cuadernos de apuntes y surcaron ríos en medio de la selva y senderos montañosos que conducían a pueblos pequeños, en los que buscaron asentamientos ocultos de sobrevivientes. Un 61 por ciento de los testimonios fueron provistos en lenguas indígenas mayas.

El homicidio de Gerardi recuerda el asesinato del arzobispo Oscar Romero en El Salvador, en 1980, a manos de un escuadrón de la muerte de derechas. Romero, un paladín de los derechos humanos durante la guerra civil del país, hizo un llamado a los soldados para que no obedezcan órdenes que los pusieran en la posición de matar campesinos desarmados.

A fines del año pasado, el obispo Samuel Ruiz, de San Cristóbal, estado mexicano de Chiapas, y el obispo Raúl Vega, quien le acompañaba, sobrevivieron a una emboscada de hombres armados. Ruiz ha denunciado la fuerte presencia militar y la existencia de grupos paramilitares en pro del gobierno quienes, afirma, obstruyen la búsqueda de una solución pacífica a la insurrección en ese estado.

La muerte de Gerardi arriba 16 meses después de la firma de acuerdos entre las guerrillas y el gobierno.

Traducido por Lucrecia Miranda, PNS