Estados Unidos y México anunciaron una recompensa de $5.000 por información que conduzca al arresto de personas tratando de cruzar la frontera ilegalmente - una movida que, afirman ambos gobiernos, apunta a reducir el creciente peaje mortal de quienes intentan cruzar la frontera ilegalmente. Pero los críticos ven la nueva medida nacional como una reversión hacia los peores abusos del viejo oeste. Alfonso Serrano F., editor asociado de PNS, fue anteriormente editor de El Mensajero, periódico semanal bilingüe publicado en San Francisco.

Secciones de un nuevo plan del gobierno, el cual se ofrece como un método para "aumentar la seguridad a lo largo de la frontera estadounidense-norteamericana", amenaza con revivir algunos de los peores abusos del viejo Oeste.

El nuevo programa fue anunciado a la prensa el mes pasado por la comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) Doris Meissner y el embajador de México en Estados Unidos, Jesús Reyes-Heroles. Es el primer esfuerzo binacional para patrullar la frontera.

Irónicamente, políticas fronterizas recientes de Estados Unidos son la raíz del problema que el INS trata ahora de resolver. Operación Gatekeeper en California y Operación Rio Grande en Texas, introducidas en 1993, estrecharon el control sobre las rutas más accesibles, forzando a los inmigrantes y a aquellos que los ingresan de contrabando en Estados Unidos a viajar por caminos más aislados -y más peligrosos.

Existe desacuerdo acerca de si el programa ha hecho algo más que desviar el tráfico. Por ejemplo, los arrestos de la patrulla fronteriza en El Centro, California, han aumentado dramáticamente, pero los de San Diego alcanzaron el índice más bajo de los últimos 17 años el año pasado (aproximadamente la mitad del número de arrestos existentes antes del comienzo de Operación Gatekeeper en 1993).

Pero Gatekeeper ha incrementado sin duda alguna los peligros del cruce. De acuerdo al Centro de Investigación sobre Inmigración de la Universidad de Houston, más de 1200 personas han muerto en su intento de cruzar la frontera ilegalmente desde 1993. Muertes por factores tales como ahogo, exposición y deshidratación se han convertido en mucho más corrientes.

El nuevo programa fue anunciado como un esfuerzo por reducir las muertes entre los inmigrantes indocumentados. Uno de los elementos involucra la colocación de carteles de advertencia.

Sin embargo, el nuevo elemento del plan pide a pilotos civiles buscar inmigrantes indocumentados en puntos problemáticos de la frontera, incluyendo Imperial Valley, el Este del condado de San Diego en California, el condado de Kennedy en Texas, y un área próxima a Yuma, Arizona.

Como incentivo, a estos civiles se les pagaría hasta $5.000 por ayudar a localizar y arrestar a contrabandistas ilegales.

"Es el próximo paso lógico para mejorar la vida en la frontera", dijo un funcionario del INS.

Pero parece seguro que una recompensa de $5.000 puede tentar a civiles inexpertos a tomar el cumplimiento de la ley en sus propias manos. Y es probable que una acalorada búsqueda de "ilegales" involucre no sólo a los indocumentados, sino a cualquiera que sea moreno y que esté en o cerca de la frontera -incluyendo a residentes y ciudadanos estadounidenses.

La violencia contra los hispanos ha aumentado dramáticamente desde que la frontera se convirtiera en un importante campo de batalla en la guerra contra las drogas. En junio, una investigación de Marine Corps exculpó a una unidad de la patrulla anti-drogas -bajo la autoridad de la patrulla fronteriza-en la muerte de Esequiel Hernandez. Hernández (18), ciudadano estadounidense de Redford, Texas, estaba conduciendo el rebaño de cabras de su familia cuando fue asesinado de un balazo. Un panel de inmigración de la Cámara de Representantes expresó recientemente su insatisfacción con la investigación y puede convocar una audiencia pública sobre el caso.

La historia reciente de California sugiere la clase de problemas que pueden acontecer tras el plan del INS. Por ejemplo, después de que los votantes del estado aprobaran la Proposición 187 en 1994, negando educación y servicios sociales y de salud a inmigrantes indocumentados, millones de residentes, ciudadanos naturalizados y latinos nacidos en Estados Unidos se encontraron a sí mismos como víctimas de la intolerancia. Un informe de 1995 de la coalición con sede en Los Angeles, Coalition for Humane Immigrant Rights (Coalición por los Derechos Humanos del Inmigrante) documentó cientos de abusos de derechos civiles contra latinos de todo tipo de procedencia -aunque más de un 60 por ciento eran residentes o ciudadanos de Estados Unidos.

El informe deja en claro que supervisores de bancos, y trabajadores de restaurantes y negocios privados tomaron el cumplimiento de la ley en sus propias manos. Una farmacia de Palm Springs exigió que un cliente mostrara sus papeles inmigratorios antes de preparar su prescripción. En un restaurante de Santa Paula, California, un cliente exigió que un cocinero mostrara su green card (tarjeta de residencia), afirmando que "es la obligación de toda persona reportar ilegales". En otro incidente, una abogada de derechos inmigratorios recibió correspondencia intimidatoria con una fotografía de su rostro, con una diana superpuesta, en la cual se lee "abra fuego" y "escoria latina".

El presupuesto del INS se ha duplicado en los últimos años, y una buena parte de ese aumento ha sido destinado a intensificar las fuerzas en la frontera. Pero aumentar la seguridad en la frontera usando civiles inexpertos como cazadores de recompensas en una situación volátil puede convertir la frontera en un nuevo Oeste Salvaje.