Gracias a una ley sancionada en 1996, los ciudadanos mexicanos viviendo en el extranjero tienen derecho a votar en las elecciones nacionales. Pero la puesta en vigor de la mencionada ley se ha estancado, y el mismísimo tema en cuestión se ha convertido en objeto de gran debate nacional --un debate que concierne de modo directo al futuro de la democracia en México. El comentarista de PNS Jesús Martínez es inmigrante, investigador y activista, y fue miembro del Departamento de Ciencias Políticas en Santa Clara University.

CIUDAD DE MÉXICO ‹ Un intenso debate ha surgido aquí en torno a la relación del país con los aproximadamente 10 millones de ciudadanos mexicanos que viven en Estados Unidos.

Para algunos, el debate se limita simplemente al derecho de estos nacionales a votar en las elecciones presidenciales a partir del año 2000; un derecho unánimemente aprobado por el Congreso mexicano en 1996 con apoyo expreso del presidente Ernesto Zedillo como parte de un ambicioso paquete de reformas electorales.

Desde aquel momento, no obstante, el presidente y miembros de su Partido Revolucionario Institucional (PRI) han hecho todos los esfuerzos posibles para impedir el ejercicio de este derecho. Se ha sugerido que [el gobierno y su partido] tienen temor de que el voto inmigrante favorezca de modo significativo a candidatos de los partidos de oposición, rápidamente en ascenso.

Algunos funcionarios gubernamentales y del PRI argumentan que la puesta en vigor del voto sería demasiado costosa para una nación enfrentando una crisis económica, y llama a posponer el programa hasta las elecciones del año 2006.

Algunos de los representantes más duros del partido han expresado lisa y llanamente que el derecho al voto no debiera extenderse, ya que representa una amenaza para la soberanía nacional de México ‹a pesar de que montones de otros países ofrezcan este mismo derecho sin mostrar daño visible alguno a su soberanía. Un estudio universitario encontró que la reforma es técnicamente viable y que los inmigrantes apoyan esta medida de modo contundente: 83 por ciento de los inmigrantes encuestados desean participar en las próximas elecciones presidenciales.

El tema vá más allá que el simple derecho al voto. También están en cuestión la definición misma de la nación y el futuro de la democracia en un país que raramente ha encontrado la forma de hacer que las autoridades respondan frente a sus ciudadanos.

La cuestión de qué significa ser parte de la nación mexicana ha sido puesta a prueba especialmente desde 1994, cuando un movimiento guerrillero armado ‹el Ejército Zapatista de Liberación Nacional­emergiera en el estado de Chiapas para reclamar derechos prometidos a todos los ciudadanos en la Constitución de 1917. Este hecho forzó a México a comenzar a reconocer que los pueblos indígenas no han gozado jamás de igualdad ni se han beneficiado proporcionalmente del desarrollo económico del país.

Los mexicanos viviendo en Estados Unidos argumentan que tienen el derecho moral y constitucional de participar en las elecciones. Con los 600 millones de dólares que, se estima, estos ciudadanos envían a casa cada año, los inmigrantes mantienen a millones de familiares, impulsan la actividad económica de sus regiones de origen, crean empleos, reducen tensiones políticas, y ayudan a proveer al gobierno con la más que necesaria divisa extranjera.

La necesidad de exigir mayor responsabilidad (a los funcionarios del gobierno) es particularmente evidente para los inmigrantes al final de cada año, cuando vuelven a casa para las vacaciones y son sujetos al abuso sistemático por parte de representantes de varias agencias gubernamentales que los convierten en el blanco principal de inescrupulosos agentes de aduanas, tráfico, policía, judiciales, e incluso del ejército. Los numerosos puestos de control entre la frontera internacional y el centro de México se convierten en el aterrador guantelete que puede costar a los inmigrantes el dinero por el que han trabajado arduamente, sus ropas, aparatos electrónicos, e incluso automóviles.

Es probablemente imposible encontrar algún inmigrante que no haya sufrido humillación y extorsión en su camino a casa. No hace falta decir que los mismos peligros aparecen en el viaje de regreso a Estados Unidos.

La situación se ha convertido en algo tan escandaloso que incluso algunas agencias controladas por el gobierno tales como la Confederación Nacional de Campesinos han denunciado los abusos. En el estado de Guanajuato una confederación delegada viajó a la frontera internacional con la intención de ayudar a algunos inmigrantes a llegar a casa sanos y salvos. Representantes del estado de Hidalgo han denunciado a las autoridades locales, estatales y federales por la violación de derechos humanos.

Desafortunadamente, tales súplicas están condenadas al fracaso. Los sistemas políticos autoritarios ‹tales como el mexicano­tienen la tendencia a carecer de mecanismos que aseguren la eficacia de la influencia de los ciudadanos sobre el gobierno. Los ciudadanos mexicanos en general, incluyendo a los inmigrantes, se sienten sin poder alguno y sin capacidad para eliminar la corrupción oficial. No es ninguna sorpresa que estudios académicos encuentren, de modo consistente, que las instituciones del gobierno cuentan con niveles de credibilidad absurdamente bajos.

Sin el derecho a elegir sus autoridades, los mexicanos que emigran a Estados Unidos carecerán de los medios para hacer que los funcionarios del gobierno sean imputables por sus acciones. Así pues, es muy probable que la extorsión, el robo, las violaciones a los derechos humanos y otras formas de corrupción continúen ‹al menos hasta que la democracia triunfe en México.

Traducción al castellano: Lucrecia Miranda