Las declaraciones del fin inminente del tráfico de drogas no son reveladoras para los ciudadanos de México, y típicamente se reciben con escepticismo. La consideración de la historia reciente y la situación actual en Estados Unidos aclaran esta reacción. El comentarista de PNS Jesús Martínez es un investigador de inmigración y activista, y antiguo miembro del Departamento de Ciencia Política en la Universidad de Santa Clara.

México D.F. -- La muy celebrada guerra estadounidense-mexicana contra la droga no convence al mexicano típico -- y mucho menos al observador informado. Como Arnaldo Córdova, uno de los analistas políticos mexicanos más astutos, ha escrito, "Cada vez que el gobierno anuncia un nuevo plan de operaciones contra el tráfico de drogas, nos sentimos inundados por un sentimiento profundo de escepticismo".

Córdova sugiere que esto se atribuye al los pobres resultados del gobierno en comparación con el evidente aumento del poder y influencia de los lores de la droga. Su poder se basa simplemente en la "enorme impunidad" y "protección oficial" que reciben los traficantes de droga y otros criminales organizados. Se puede decir que la gente cree que los mejores y más organizados criminales son las mismas autoridades.

El aumento en el crimen organizado y la corrupción de las instituciones legales en México no se pueden explicar en términos de genética o carácter nacional -- los mexicanos no son ni más ni menos corruptos que otra gente.

Un factor importante tiene raíces políticas, y está ligado al anti-comunismo tan fundamental de la política exterior de Estados Unidos en el siglo 20.

Un estudio por el Instituto Mexicano sobre el crimen organizado encontró que los mexicanos disfrutaban de cierta seguridad pública hace tres décadas. Sin embargo, la extensión de la Guerra Fría al territorio mexicano transformó el rol y el carácter de la policía y las fuerzas armadas.

Al fin de los años 60 y al comienzo de los 70, el gobierno siguió los ejemplos de dictaduras militares e inició una guerra sucia contra grupos rurales y urbanos categorizados como comunistas y considerados subversivos. Y Washington miraba desde lejos con aprobación.

El 2 de octubre de 1968 el ejército y fuerzas de seguridad dispararon sobre una protesta estudiantil pacífica en la Plaza Tlatelolco. Muchos ciudadanos murieron (se calcula que alrededor de 100) y muchos más fueron heridos. Esto inició una etapa de terrorismo estatal que incluyó la persecución, el encarcelamiento y la desaparición de miles de ciudadanos. Con el pretexto de luchar contra las guerillas urbanas y rurales, las fuerzas de seguridad ignoraron la constitución y los derechos cívicos.

Los participantes disfrutaron de un beneficio adicional -- "el botín de la guerra", la adquisición ilegal de las posesiones de los detenidos.

Las fuerzas de seguridad siguieron operando con impunidad hasta los años 80 cuando algunos fueron eliminados, pero muchos de sus miembros avanzaron por los rangos de la policía o el ejército, donde su ambición resultó en la institucionalización de costumbres corruptas.

Un ejemplo bien conocido es el de Arturo Durazo, quien utilizó su larga amistad con el antiguo presidente José López Portillo (1976-82) para convertirse en el jefe de policía de la Ciudad de México. A pesar de su salario modesto, Durazo se enriqueció y construyó mansiones inmensas gracias a las contribuciones diarias que recibía de todos sus subordinados -- quienes, en cambio, robaban a ciudadanos inocentes para mantener sus puestos y darle gusto al jefe. Los criminales y traficantes de droga encarcelados que no cooperaban eran asesinados frecuentemente y sus posesiones terminaban en manos de Durazo.

Los oficiales mexicanos involucrados en el tráfico de drogas expandieron sus actividades y comenzaron a secuestrar, robar bancos, y traficar automóviles robados. Hoy los niveles de crimen siguen aumentando a pesar de la alarmante militarización de la vida diaria en México.

Por otra parte, hay bastante evidencia que el crimen organizado ha infiltrado los niveles más altos del gobierno. Comparado con las actividades ilegales durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Durazo se parece a un corista. Sin embargo, los presidentes Bush y Clinton "certificaban" al gobierno de Salinas como cooperativo en la "guerra contra la droga".

El tráfico de drogas sigue creciendo en México, Colombia y Estados Unidos, sin importar las decisiones de Washington. El poder y la influencia de los lores de la droga aumenta paralelamente con la instabilidad del apetito estadounidense por la cocaína y otras drogas.

¿Qué causa esto -- por qué usan la cocaína, crack, y otras drogas los ejecutivos de Silicon Valley, los jóvenes y los miembros de la clase media?

El fracaso del gobierno estadounidense de convencer a sus ciudadanos de dejar de consumir drogas ha forzado al Congreso y a la Casa Blanca a mirar hacia otros lugares constantemente para un chivo expiratorio mientras que ignoran los problemas sociales fundamentales de la crisis estadounidense con la droga.

El proceso anual de certificación de naciones como socios en la guerra contra la droga ha llegado a ser tan insignificante e ineficaz como la campaña de Ronald Reagan titulada "Just Say No (Simplemente Diga No)."

Más que nunca, Estados Unidos y México comparten el problema de la droga. Evidentemente, hace falta una proposición y soluciones más efectivas.